Discurso Presidencial

"Lo Que Pudo Haber Sido… y No Fue"

El mensaje a la Nación que por mandato constitucional pronuncia el Presidente ante el Congreso cada aniversario patrio, debe contener la definición del rumbo que debe seguir el país de cara al futuro, su ratificación (si ya se hubiera señalado) o su rectificación en función de la realidad que es dinámica.

Esto que es tan valioso, estuvo ausente en el discurso del presidente Humala el último 28 de julio. Como ya lo hemos afirmado, el mensaje presidencial tuvo el nivel de un primer ministro recién juramentado. Contuvo cifras sectoriales harto conocidas y no por repetirlas, fueron más efectivas.

Como el mensaje no se agota en los titulares momentáneos de la prensa, en los vítores de una portátil pagada ni en el comentario acre de sus detractores, es que creemos que el debate sobre este importante acontecimiento debe continuar con serenidad, alejada de las pasiones y la adulonería.

Sucumbiendo ante la inmediatez

Decíamos que no tuvo el nivel que debió tener: el de un Jefe de Estado. Por lo tanto no debió sucumbir a la inmediatez ni el complejo fundacional. Tuvo que reafirmarse en la necesidad de tener políticas continuas. Y para ello, partir por respetar escrupulosamente dos principios contenidos en la Constitución: la democracia como sistema político, la misma que se organiza según el principio de la separación de poderes, y lo segundo: la economía social de mercado, como modelo económico.

Sobre esta base inconmovible, la misma que ya ha demostrado sus bondades, señalar el rumbo que debe seguir el país. Tarea que no es posible, si no se tiene visión de futuro. Si se adolece de un proyecto nacional de largo plazo, o lo que se ha convenido en denominar un plan nacional de desarrollo. ¿Cómo podemos saber a donde ir? Lamentablemente el CEPLAN está pintado en la pared. Después de varios años aún no ha terminado de definir el plan, y el que se difundió, no lo conoce nadie o conociéndolo, nadie le presta la menor atención.

Esta es la razón principal por la que el país carece de rumbo. Carencia a la que habría que sumar, la lucha interna que libra el presidente Humala entre su "Gran Transformación" y la "Hoja de Ruta". Documentos de poca validez. El primero por arcaico y el segundo por vago y genérico.

Sorda disputa

De esta indefinición deviene la falta de liderazgo. Dice Donald G. Krause ("El Camino del Líder") que "quien más sabe donde ir, es el líder". Y eso es lo que nos falta. Carencia a la que habría que agregar, que se nota que hay una disputa sorda por ese liderazgo. El presidente Humala y la Sra. Heredia, se están confrontando el derecho de mandar y de decidir, pero ambos sin saber hacía donde ir.

Robert Dilts ("Liderazgo creativo") dice que un buen líder es capaz de convocar a las mentes más lúcidas a su alrededor. Y como sabemos, lo que opaca completamente la lucidez, es la adulonería. Lamentablemente, un coro de genuflexos rodea al Presidente. Desde el Congreso, sus áulicos no pronuncian ninguna crítica, porque es un pecado en los oídos del César. Majestuoso señor, que según ellos, nunca se equívoca.

El verdadero líder hace valer sus ideas por el valor de las mismas, no por haber pisoteado las de los demás. Para mal del país, esto último es lo que viene sucediendo: el Presidente está invalidando las críticas a su Gobierno, atacando a los autores de las mismas. Y en esa equivocada dialéctica, se está consumiendo en el fuego de sus pasiones junto con sus adversarios. Ha revivido los enconos poniendo en grave riesgo la unidad nacional, fundamento del clima de inversiones, que es el que los atrae, más que las palabras o los buenos deseos.

Diversificar nuestra producción

Todos estamos de acuerdo en que el país vive uno de sus mejores momentos económicos. Pero como el comportamiento de estos procesos no es uniforme (si no léase a Engels o Kondratiev), se hace necesario darle más continuidad a este ciclo de crecimiento, antes que inexorablemente llegue el de perigeo. Eso significa tener claro que debemos variar nuestro modelo primario exportador. Y tal como aconsejaron Porter y Fukuyama, diversificar nuestra producción, para darle sostenibilidad a este proceso del que disfrutamos. Pero paralelamente, debemos someter al Estado a una profunda reforma. Pues como está organizado ya no es una ayuda sino un obstáculo para convertir el crecimiento en desarrollo.

En suma, el mensaje  a la Nación, debió haber contenido las siguientes definiciones de Estado: rumbo, liderazgo, unidad nacional y sostenibilidad del crecimiento. Lamentablemente… así no fue.

Estas indefiniciones nos deben hacer comprender que nada cambiará. Todo seguirá como en los dos primeros años de gobierno del presidente Humala. Confusión, aislacionismo y falta de visión de futuro. Más "piloto automático", con el agravante que el impulso inicial ya se está agotando.

Políticas de Estado

Gobernar es ejercer el poder que el pueblo le ha conferido al gobernante. Gobernabilidad es sinónimo de hacerlo bien. Y esto último es lo que estamos dispuestos a exigir. El Banco Mundial ("Gobernabilidad y Desarrollo") define la Gobernabilidad "como la manera en la que se ejerce el poder en lo tocante a la administración de los recursos sociales y económicos de un país en aras de su desarrollo". Y para que ella sea útil, se requiere que ese ejercicio deba ser eficiente, eficaz y legítimo. Condiciones que se alcanzan en función de objetivos, los mismos que requieren políticas de Estado.

Esto es lo segundo que debió contener el Mensaje a la Nación: Políticas Continuas que permitan conseguir objetivos. El primero de ellos es garantizar la seguridad ciudadana, clamor que, con todo derecho, ha planteado la población y se lo reclama a quien tiene la responsabilidad constitucional de garantizarla. Política que debió comenzar por definir quien es el líder en esta lucha. Para luego delinear las causas del problema y como enfrentar cada una de ellas. Obviamente, comprar más patrulleros inteligentes es una compra poco valiosa, si no son inteligentes los que tienen que planear el uso de los mismos.

Insistimos que este problema no será resuelto, sin el compromiso consciente de la población. Y ello no será posible, con una institución policial que cada día esta más lejos de ella. Tampoco lo será si el Poder Judicial no se involucra también en esta lucha y la sociedad en su conjunto, no deja de ser escuela del delito, para convertirse en escuela de valores. Mientras ella siga pariendo a sus propios ejecutores, ningún Plan Bratton tendrá eficacia. Estas son algunas políticas de Estado que sobre Seguridad Ciudadana se debieron escuchar.

Mitigando efectos

No sé si aún no ha llegado al Gobierno, lo que todos conocemos: el Banco Mundial y diversos analistas, dicen que los programas sociales no solucionan la pobreza, solo sirven para mitigar sus efectos. La solución es crear oportunidades de trabajo. Oportunidades que impactaron a Alexis de Tocqueville, cuando llegó  a los EEUU enviado por el gobierno francés. Las políticas de Estado para generarlas en nuestro país, no nos la dijo el presidente Humala, y mientras carezcamos de ellas, lo más probable es que nuestros esfuerzos en la lucha contra la pobreza sean poco efectivos.

El presidente Humala sustenta su aprobación solo en el asistencialismo. Viejo truco del que se valen los políticos tradicionales para generar aplausos, pero no para construir una Nación próspera.

Educar (del latín educare) es un proceso de trasmisión de conocimientos y valores en el que está comprometida toda la sociedad, en particular los hogares, Habiéndose convertido en un servicio al que está obligado a brindar el Estado, se espera que este sea de calidad. Y siendo multisectorial, es obvio que dar una ley magisterial (que encima se cumple a medias) no es, ni mucho menos, el camino para elevar el nivel del servicio. Se hace necesaria una nueva Ley General de Educación, concepción general y sistémica de todo el proceso educativo. Desoyendo a Descartes, se ha comenzado por intentar modificar las partes, sin haber actualizado antes, la visión del conjunto. Esto también estuvo ausente. ¿Cómo se piensa trasformar el país, sin trasformar la educación? No se trata de superar los deficientes índices de evaluación internacional de nuestros educandos, sino de alcanzar (en el largo plazo) el ciudadano que el país requiere. Elucubración muy lejana, en un mensaje adjetivo.

"Sin conocimiento no hay desarrollo"

Un grupo de científicos, investigadores, académicos, empresarios y profesionales constituyeron hace poco el Foro por la CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación); el mismo que ha expresado con acertado criterio que "sin conocimiento no hay desarrollo", y que para que nuestro crecimiento económico sea sostenible necesita de la creatividad, la investigación científica y el desarrollo tecnológico (L + D). Sin embargo, la UNESCO nos muestra la poca importancia que nuestro país le da a este crucial tema. La inversión en (L + D) como % del PBI, es una de las más bajas del mundo. Solo se destina el 0.1%. Israel lo hace con el 4.7%, Corea del Sur el 3.5%, Brasil 1.1% y Chile el 0.7%. ¿Con estas condiciones educativas y de investigación, se puede emprender el proceso de industrialización, que expresó como deseo (sin diseñar ninguna política de Estado) el presidente Humala? Esto también estuvo ausente y, a pesar de esta ausencia, recibió los estruendosos aplausos de su bancada y la "portátil" que contrató para satisfacer su ego. Una oportunidad perdida.

El cáncer de la corrupción, como toda enfermedad, se combate con medidas preventivas y luego represivas. La ley de la muerte civil, es solo un disparo a las tribunas para arrancar aplausos. Tiene cierto valor, pero no el que le quieren dar los áulicos del Gobierno. Ni siquiera la pena de muerte ha logrado disuadir a los criminales.

Esto también estuvo ausente

Una medida efectiva y relativamente fácil, es la trasparencia, como dice el Banco Mundial. Y, a eso, es a lo que se comprometieron todos los partidos políticos y representantes de la sociedad civil en el foro del Acuerdo Nacional. Compromiso que obviamente (conociendo la trayectoria de la clase política) no se iba a cumplir. Como así fue. Es muy difícil (aunque no imposible) que todos los actos, decisiones y negocios del Estado, sean accesibles sin trabas de ningún tipo, al escrutinio ciudadano. ¿Por qué no podemos saber cuánto gana realmente un Ministro, un Congresista o cualquier funcionario publico? ¿Por qué nadie nos ha dado cuenta (como debe ser su obligación) de los nombres de los asesores del Presidente y cuanto ganan? ¿Por qué no se publican las razones por las cuales se contratan los asesores en el Congreso? ¿Cuánto gasta la Primera Dama en el despacho ilegal que tiene? ¿Por qué se incrementan, más allá de lo legalmente permitido, los presupuestos de ejecución de muchas obras públicas? En fin, serían innumerables las preguntas sin respuesta. Y como la corrupción campea cuando hay impunidad o los castigos son infrecuentes, habría que responsabilizar al Poder Judicial por ambas deficiencias, las que no podrá superar si no es sometido a una profunda reforma. ¿Cuándo se animarán o tendrán el coraje de hacerla? Esto también estuvo ausente. Esto es lo que pudo haber sido y no fue.                 

 Pagando un alto precio

Gobernar es una ciencia y es un arte que necesita conocimientos (como para desempeñar cualquier tarea), siendo esta mucho más complicada. No se puede ejercer el poder inspirado solamente en el sentido común. Estamos pagando un alto precio por el aprendizaje en que está (por admisión propia) el presidente Humala con el agravante que la Primera Dama se cree más capacitada (o así se la han hecho creer voces interesadas). Esta doble confusión está comprometiendo el futuro del país.

No nos sumamos al coro de criticones, menos al de los adulones, es por eso que, con serenidad nos hemos referido solo a los principales temas de Estado que se obvió, y a las principales políticas de Estado que también estuvieron ausentes. Y como estamos convencidos que estas omisiones seguirán marcando el camino que nos toca recorrer, hemos querido contribuir a rectificarlas.

Y mientras esto no suceda, seguiremos agotando las esperanzas de no desperdiciar la oportunidad histórica que la vida nos ha deparado. La marea alta que hizo elevar todos los barcos, bajará inexorablemente. Quien no lo cree así, ha hecho lo que hizo Stalin: fusilar a Kondratiev por decirle que en algún momento la economía soviética, también entraría en crisis. Como así sucedió.

George Friedman, fundador del influyente boletín geopolítico "Straford", publicó un artículo que nos debe poner en alerta: "El fin del milagro económico chino". Este país tendrá serias dificultades para que funcione el nuevo plan económico de pasar de una economía exportadora a una basada en el consumo interno.

Situación brillantemente analizada por Andrés Oppenheimer en un artículo publicado en el diario El País de España: "¿El fin de la chino dependencia latinoamericana?". Ojalá todos tengamos la sensatez de estar alertas y prepararnos ante esta evidente situación. Y el presidente Humala debiera abrir más los ojos y los oídos. Esa es mi opinión.

¿Somos un País del Primer o del Tercer Mundo?

Vamos a Fortalecer la Institucionalidad Democrática

Con toda razón se viene reclamando el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, pues ella, como dice Ricardo Uvalle Berrones ("La institucionalidad democrática: eje articulador de la sociedad, el ciudadano y el Estado")  es el sostén de todo nuestro ordenamiento social, jurídico y económico. Sin embargo, a pesar de esta demanda sensata, quienes deberían estar comprometidos en este esfuerzo vienen haciendo todo lo posible por debilitarla. Una clara demostración de lo confundidos que están los actores políticos en el país.

Probablemente sea necesario aclarar algunos términos para su mejor comprensión. El concepto Institución aplicado al campo político tienen dos sentidos fundamentales: uno como sinónimo de organización, estructura y otro como principio de comportamiento social básico, especialmente de los agentes y actores gubernamentales y políticos de una nación.

Distintas definiciones

Hay diversas definiciones del concepto Estado, pero el común denominador de casi todas, es que es un conjunto de instituciones no voluntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Y para ello poseen la autoridad y potestad que les permiten establecer las normas que su finalidad les exige.

Son estos conceptos los que explican con meridiana claridad, la importancia de las instituciones y la necesidad de fortalecerlas. Un Estado es más fuerte, cuanto más fortalecidas se encuentren las  instituciones que lo conforman, tanto en el sentido organizacional como en su comportamiento. Y ello sucederá si se empeñan en ser legítimas, representativas y eficientes en la función que cumplen.

La institucionalidad es la aceptación consciente de las instituciones y el rol que cumplen dentro del Estado. La misma que está basada en el respeto a la democracia como forma de vida cotidiana, la convivencia social dentro del Estado de Derecho, el cual implica respeto a la Constitución y los controles razonables de los poderes reales y fácticos. En suma, el uso de las leyes como instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos a fin de permitir la prevención y solución efectiva, eficiente y pacifica de conflictos.

Congreso de la República

Siendo esto así, ¿Cómo convocan a fortalecer la institucionalidad democrática en el país, los que precisamente la están saboteando?

Una de las instituciones más importantes del Estado, es el Congreso de la República, la misma que tiene niveles alarmantes de legitimación y es la más desprestigiada de América Latina. La población no se siente representada por esta institución y opina inclusive (42%) que debería ser clausurada. Sin embargo, los congresistas pareciera que viven otra realidad. La mayoría espuria, ha convertido este poder del Estado en un apéndice del Poder Ejecutivo, atropellando la independencia de poderes y enervando su función de control al Gobierno de turno.

Una clara demostración de este despropósito, es el "blindaje" que se le está extendiendo al presidente Toledo para evitar que sea investigado por una Comisión independiente en el Congreso, obedeciendo al pacto tácito suscrito en entre este y el presidente Humala.

Tribunal Constitucional

La elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, tiene más de dos años. Ante la presión ciudadana, los legisladores no tuvieron mejor idea que repartir esos puestos en cupos partidarios. Es decir, la majestad del Tribunal Constitucional y su independencia han sido reducidas a engañifas y componendas.

Se ha comprobado que un número apreciable de congresistas mintieron en su hoja de vida, para acceder con reconocimientos falsos a una elección inmerecida. Otros ocultaron delitos reprobables cometidos antes de su elección.

Y, por último, cuatro parlamentarios oficialistas fueron descubiertos en actos irrefutablemente proselitistas, repartiendo artículos incautados por la SUNAT, solícitamente entregados por el Ministerio de la Mujer.

Solo estos actos nos inspiran a preguntar: ¿de qué fortalecimiento de la institucionalidad democrática pueden hablar quienes están atentando flagrantemente contra ella?

Síndrome de "hybris"

Durante dos años se mantuvo en suspenso la intención no tan velada de la Sra. Nadine Heredia, de postular ilegalmente en las elecciones generales del 2016. Creyendo ilusamente que la "luna de miel política" que deviene después de las elecciones iba a ser permanente, el síndrome de "hybris" (tan antiguo como el poder), desestabilizó el país. Hasta que la cruda realidad de las encuestas, la hizo retroceder a regañadientes. Sus áulicos congresistas, no se detuvieron en pretender allanarle el camino, pisoteando la ley que lo prohibía.

Un complaciente Presidente, atrapado por el mismo síndrome, soñó con lo mismo. ¿Qué razón ética tendría el Primer Mandatario para reclamar el fortalecimiento de la institucionalidad si desde la que el preside, se está encargando con eficacia de debilitarla?

Cuando vino Francis Fukuyama al Perú, le dijo al presidente García que nuestro país no podía aspirar a ser uno del primer mundo, teniendo instituciones del tercer mundo. Y se refirió específicamente a los partidos políticos, cuyos caudillos reclaman institucionalidad. Sin embargo, ellos no representan a nadie. Estas organizaciones no tienen presencia nacional y se reducen a un minúsculo grupo de dirigentes que actúan, deciden y se comportan con prescindencia de las bases, porque no las tienen. Descubiertos los aportes de dudosa procedencia para la campaña del Perú Posible, es probable que los cenáculos partidarios, tengan el descaro de pedir institucionalidad, cuando ellos se están encargando de hacer de estas organizaciones lo que dijo Fukuyama: instituciones del tercer mundo.

Poder Judicial

El Poder Judicial en el Perú, es uno de los menos confiables de América Latina, se le atribuye poca predictibilidad, corrupción y falta de oportunidad. Defectos que se niegan a superar, al postergar irreflexivamente la profunda reforma, que la población les reclama. ¿Cómo fortalecer esta institución si ella misma no hace el esfuerzo por superar sus falencias?

Decíamos que una de las acepciones del concepto Institución se refiere, al poder que ella tiene de regular la vida nacional. Y a esto ha apuntado certeramente el Gobierno con la puesta en marcha de dos dispositivos: el que ordena la administración pública (Ley SERVIR) y, el otro, que pretende (por fin) enfrentar la estafa de la que son víctimas miles de jóvenes, a los que se les concede un grado académico de dudoso valor (Ley Universitaria).

Este es un atisbo de eficiencia del Ejecutivo y el Legislativo. Hasta hoy se premiaba al trabajador estatal menos eficiente y se dejaba de reconocer al más eficiente, convirtiendo la administración pública en el ente que brinda los peores servicios a la Nación. Por obra de los políticos que accedieron a la presidencia, se convirtieron en agencias de empleo. Prueba elocuente es el gran número de allegados familiares y sentimentales que contrata el Congreso con cada presidencia.

Incendio en la pradera

Se ha pretendido acabar con esta nociva costumbre. Sin embargo, no será fácil y probablemente poco duradero (como las reformas educativas). No hubo diálogo de escuchar, sino de sordos. Probablemente se "incendiará la pradera" y se de marcha atrás o se desnaturalice la norma. ¿Es este un ejemplo de institucionalidad democrática?

Lo mismo sucederá probablemente con la Ley Universitaria. Poca información, impericia en su génesis y falta de diálogo, alentarán seguramente las resistencias. Defectos que están siendo explotados con más habilidad por quienes quieren que las cosas sigan como están: llenando bolsillos ávidos, a través del engaño.

Decíamos que la institucionalidad tiene como un gran marco la democracia y el Estado de Derecho. Sin estas condiciones, este esfuerzo es una ficción. Y, Estado de Derecho es independencia de poderes, aplicación estricta de la ley y legitimidad.

Sugerencias específicas

Ha llegado el momento que impere la Ley y el Orden en el país. Que la Gobernabilidad no sea lo que pretende garantizar osadamente Alejandro Toledo. Para ello es que sugerimos lo siguiente:

1.     Despolitizar todas las atribuciones y decisiones de los organismos del Estado. Ellos deben regirse estrictamente por sus leyes y reglamentos de creación y función.

2.     Hacer de la Trasparencia una real y efectiva política de Estado, para enfrentar eficazmente la corrupción.

3.     Medir todas las gestiones por resultados, alentando la meritocracia, la misma que dará como resultado la eficiencia.

4.     Respetar estrictamente la ley. Desde la Constitución hasta la norma de menor rango, nadie debe estar por encima de ella, ni nadie debe alentar su vulneración.

5.     Introducir la meritorcracia en todas las instituciones. La estabilidad laboral no debe ser un derecho, sino una recompensa a la eficiencia.

6.     Que se inicie cuanto antes una progresiva reforma del Estado. Fijando la imagen – objetivo del Estado que queremos, cómo debemos hacerla, en que plazos y que organismo será encargado de supervisarla.

7.     Alentar la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales que les competen. Sin participación no hay democracia y se hace más difícil obtener legitimidad.

8.     Aunque no se refiere a instituciones, desterrar las confrontaciones y alentar más bien, un clima de paz, orden y tranquilidad, sobre la base de las diferencias.

 

Vamos a hacer instituciones del Primer Mundo fortaleciéndolas. Ese es nuestro patriótico deseo.

 

No basta Desear las Inversiones: Hay que Generar el Clima Propicio

Sin inversiones no hay crecimiento económico, tampoco desarrollo. Este es un teorema, y como tal, no necesita demostración. ¿Pero qué son las inversiones? Una respuesta pedagógica nos la da el economista francés Pierre Massé ("La elección de las inversiones") cuando dice que ellas se refieren el empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Por lo tanto, sin fariseísmos, se invierte para obtener beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. Lo cual es completamente razonable.

Dados estos conceptos universalmente aceptados, las cantidades que los agentes inversores estarán dispuestos a arriesgar, dependerá de tres principales variables: rendimiento esperado (rentabilidad), riesgo aceptado (la incertidumbre) el mismo que es menor, cuanto mayor o mejor sea el clima de inversiones y finalmente, el horizonte temporal.

La inyección de estos capitales hace posible el incremento de los bienes y servicios producidos en el país, aumentando nuestro PBI y generando empleo. Esa es una síntesis de su gran importancia.

Pero a pesar de ella, este Gobierno contradictorio se ha empeñado en declarar que incentivará las inversiones, pero en la práctica, está enrareciendo el clima que las atrae, al punto de haber "resfriado a la inversión privada", como dice el analista Eugenio D'Medina Lora ("una inversión resfriada"). Debido a este desfase, es que el Banco Mundial realizó, en Panamá la conferencia denominada "Reformas en el clima de inversiones en América Latina y el Caribe" los días 6 y 7 de Junio.

 

Siete medidas

Habida cuenta del frenazo de estas en el país por culpa del propio Gobierno, este ha querido superarlo adoptando siete medidas, la suma de las cuales resulta un paliativo pasajero a las heridas ocasionadas al clima de inversiones. La primera de las cuales se consumó el mismo 28 de Julio en que asumió el mando de la Nación el presidente Humala, jurando por una Constitución (la del 79) que ya fue derogada a partir de 1993. Declarando luego su admiración por el modelo velasquista y expresando en las exequias del presidente Hugo Chávez, que este era "un ejemplo a seguir". 

Cada país es libre y soberano de escoger el modelo económico que crea conveniente. El nuestro se decidió por la economía social de mercado, y así lo estableció en la Constitución. La misma que define con meridiana claridad qué rol le compete al Estado, dentro de este modelo. Y el Presidente que el pueblo ha elegido, no tiene ninguna atribución para desconocer lo que ha establecido el poder constituyente, solo le toca hacerla respetar (Artículo 118º inciso 1, de la Carta Magna).

Dado que lo que se ha enrarecido es el clima de inversiones, queremos desarrollar contributivamente este concepto. Según Warrick Smith y Mary Hallward - Driemeier, se entiende por clima de inversiones "al conjunto de factores específicos de un país que configuran las oportunidades e incentivos de las empresas para realizar inversiones productivas, crear empleo y ampliar sus operaciones". Clima que está en manos del Gobierno fortalecer con hechos, más qué con palabras, tal como lo han corroborado organismos internacionales como ONUDI, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. 

Factores del Clima de Inversiones

Diversos analistas han establecido los factores que configuran ese clima. Ellos son: "Estabilidad política y económica, un sistema legal predictible, una alta productividad laboral, bajos índices de corrupción, recursos naturales (actuales y potenciales), mercados internos y externos, y razones estratégicas de inversión". Esas mismas fuentes afirman que los incentivos de inversión y los programas de privatización, son poco relevantes. Vamos a analizar brevemente cada uno de los factores mencionados.

 

Estabilidad Política

Comenzaremos por la estabilidad política y económica. Derivada del latín stabilitas, ésta se refiere a la ausencia de confrontación entre los actores políticos de una Nación. Situación que se refleja en un clima de concordia dentro del disenso que caracteriza toda democracia. Estabilidad política (en ningún caso) es sinónimo de partido único o pensamiento monocorde. Pero tampoco es confrontación. Diferencia que el presidente Humala no ha llegado a comprender. Y esa incomprensión no ha podido evitar sus exabruptos, enrareciendo ese clima que los inversionistas perciben con claridad. Es pues un contrasentido querer atraer inversiones, espantándolas con sus adjetivos contra la oposición o espiándolos para debilitarlos.

 

Estabilidad Económica

La estabilidad económica se obtiene cuando no se registran variaciones de importancia en el modelo, sus principios y las cifras que lo sustentan. En tal sentido sirven de muy poco las declaraciones. Los actos son más importantes.

 

Predictibilidad

Respecto a la predictibilidad del sistema de administración de justicia, debemos reconocer que nuestro Poder Judicial es uno de los más desprestigiados de América Latina. La corrupción, lentitud y los castigos infrecuentes que se le atribuyen, atentan gravemente contra las inversiones. La reforma de este poder del Estado, es una tarea pendiente desde hace muchos años. La misma que se viene postergando irreflexivamente. ¿Qué seguridad jurídica podemos exhibir en estas condiciones? En vez de enfrascarse en adjetivaciones impertinentes, la clase política debiera tener el coraje de someter a todo el sistema de administración de justicia, a una profunda reforma.

 

Total confusión

Por ser un tema legal, es necesario reseñar la improvisación y populismo con que se elaboró, debatió y aprobó la Ley de Consulta Previa. Desatendiendo las recomendaciones de la OIT, este dispositivo se alentó sin antes haber definido cuáles eran los pueblos indígenas y originarios a quiénes debía el Estado consultar, cuáles eran sus territorios; asimismo los mecanismos de consulta y si esta era vinculante. Todo lo cual ha creado una total confusión en el país y una incertidumbre entre los inversores en minería. Y, si a esto, agregamos la lentitud y burocratismo en la aprobación de los EIA, el panorama no es precisamente el más propicio para atraer capitales hacia este sector. Pero también es bueno recordar que los más de siete mil pasivos ambientales aún no resueltos por irresponsabilidad de los explotadores, vienen alimentando la incredulidad y suspicacia de las comunidades.

 

Altos índices de Corrupción

La corrupción es un cáncer social que lastimosamente no ha podido ser enfrentado con eficacia. Definida como el uso del poder en beneficio propio, es esa misma característica la que lo hace todavía intocable. El poder tendría que detenerse a sí mismo. Autocastigarse. Sin embargo, hay países que han tenido un avance significativo en su lucha contra este flagelo. En América Latina el ejemplo es Chile, que ocupa el lugar Nº 21 en el ranking mundial de la corrupción. Es el más trasparente en este lado del planeta. El nuestro comparte el deshonroso lugar Nº 74 junto con China. La clase política y la sociedad civil se comprometieron en el foro del Acuerdo Nacional, enarbolar la bandera de la trasparencia (enemigo más eficaz contra la corrupción) sin embargo los avances han sido magros por falta de voluntad política. ¿Cómo ser imán de inversiones con estos niveles? Se dice que el sobrecosto de la coima en el Perú es demasiado alto.

 

Economía mineralizada

El país es rico en recursos naturales (actuales y potenciales). Y estos recursos son de diverso tipo, no solo minerales. Sin embargo las inversiones extranjeras se orientan hacia estos últimos, exportándolos como tales, al punto de habernos convertido en un país de "economía mineralizada", pues la mayor cantidad de divisas las obtenemos de este sector. Francis Fukuyama nos recomendó diversificar nuestra producción exportable. Esfuerzo que aún no hemos emprendido en serio. En suma, independientemente a la habilidad y el tacto de los gobernantes, muestras riquezas están allí, despertando codicias y alentando inversiones. Pero explotarlas requiere mucho más que ganancias. Se hace necesario brindar un clima de inversiones que atraigan los capitales.

 

Los mercados están repartidos en el mundo. Depende de la habilidad y visión de los gobiernos, penetrar en ellos. En el caso de los minerales no es tan complicado. Los productores se venden a si mismos. Subsidiarias de las grandes corporaciones explotadoras de muestras riquezas, compran lo que producimos, determinando ellos los precios. Sin embargo las inversiones en el sector terciario, han tenido mayor suerte. Al crecer la capacidad de consumo, se ha incrementado la demanda interna. Razón por la cual, empresas chilenas como Ripley, Sodimac, Cencosud y Primax (de capital asociado) han visto incrementadas sus ganancias. En suma, por el momento, tenemos una aún estable demanda internacional y un mercado interno en crecimiento. Activos que alientan la inversión.

 

Costo-beneficio

Pero resulta que el más remolón inversor es el Estado y además ineficiente. Colombia ha dado pasos importantes en el diseño de "paquetes de inversión" de tercera generación. En los cuales el tema de costo-beneficio, es casi decisivo. Pero además, han hecho de la planificación una herramienta de desarrollo. Ellos saben qué esperan conseguir en provecho del país cuando ejecutan una obra. A diferencia nuestra, que lo único que saben los políticos, es que rédito personal conseguirán con un emprendimiento.

 

Decía al principio que no es suficiente tener la intención de atraer inversiones, si este deseo no va acompañado de decisiones que configuren un clima propicio, cuyas características hemos analizado.

   

Pero, para conseguirlo, se necesita un gobernante que actúe como estadista, empinándose sobre las pequeñeces que suele engendrar la ambición de poder o la sensualidad de sus privilegios. A nada bueno conduce atentar contra el Estado de Derecho vulnerando el imperio de la ley. La Sra. Heredia está impedida legalmente de candidatear el 2016. La incertidumbre respecto a la "reelección conyugal", está distorsionando todos los esfuerzos del Gobierno por ser exitoso.

 

Tener un gabinete que actúa como equipo de campaña, le resta totalmente la eficiencia en provecho del país y lo distrae de temas importantes como el clima de inversiones. Pretender eliminar adversarios con diatribas ensombrece el debate político y atenta contra la estabilidad. Condición sin la cual se espantan los capitales, no se les atrae, señor presidente.

¡Alto a la corrupción!

¡Alto a la corrupción! es el clamor de la mayoría de ciudadanos en el país desde hace varios años. ¡Vamos a acabar con ella!, es la frase demagógica, que pronuncian todos los candidatos a la Presidencia de la República durante la campaña, tratando de sintonizar el deseo de la población.

Sin embargo, al respecto se ha hecho muy poco, al punto de ocupar el puesto Nº 78 junto con China, en el ranking de Transparencia Internacional con solo 3.8 puntos. Chile ocupa el puesto Nº 21 con 7.3 puntos sobre 10, que corresponde al país menos corrupto o libre de ella.

Todas las definiciones de corrupción, tienen como denominador común el uso indebido del poder. Atributo sin el cual, no podría existir este grave problema social. Esta es la razón por la que se hace tan difícil combatirla.

Para fines pedagógicos, reproduciremos por su sencillez, la definición que sobre este mal nos brinda el Banco Mundial: "se entiende por corrupción el uso indebido del poder en provecho personal. Sin tener en cuenta el lugar en que se encuentren o la posición que desempeñen, cualquier persona puede sentirse tentada a usar indebidamente el poder en provecho propio, siempre que se le permita hacerlo impunemente". He ahí la clave de su génesis: la impunidad.

Sanciones infrecuentes

Esa misma institución financiera dice que la corrupción tiende a surgir y prosperar en aquellos países en los cuales las desigualdades son manifiestas, los recursos escasos, las normas son ambiguas, los castigos infrecuentes, donde existe poca o nula independencia del Poder Judicial, son inefectivos los mecanismos de control y como tal las sanciones son poco efectivas o infrecuentes.

Como vemos, las causas de este cáncer social son variadas, complejas y difíciles de enfrentar. Siendo esta la causa por la cual, se han ensayado diversos análisis y frondosas soluciones que no han llegado a nada.

Algunos de los conocedores del tema, vienen insistiendo en la solución legislativa. Es decir, la dación de leyes estrictas y sofisticadas. Sin embargo (ha quedado demostrado) que la mera existencia de una legislación sobre el particular no es suficiente, si su aplicación no es vigorosa, porque el Poder Judicial atraviesa por el mismo problema o no es totalmente independiente.

Bolsillos insaciables

Actualmente, muchos de los recursos económicos que está generando el crecimiento económico, están engordando bolsillos insaciables, recortando las posibilidades del Estado de luchar efectivamente contra la pobreza. Es por eso que el Banco Mundial dice que: "la acumulación de riqueza gracias al abuso del poder en medio de la miseria pública, pone en tela de juicio la legitimidad del Gobierno". La población deja de creer en él y en las instituciones que luchan por el poder (partidos políticos). Esa es la causa de su mayor desgaste.

Pero también se resquebraja la credibilidad de los organismos de control: El Congreso y la Contraloría General de la República, los exponentes más visibles supuestamente comprometidos en esta lucha, sufren menoscabo.

Siendo un fenómeno tan antiguo como el hombre, es casi imposible erradicarlo por completo. Sin embargo, algunos países como Nueva Zelanda y Singapur, han demostrado que se le puede reducir a su mínima expresión. Pero otros, particularmente los del tercer mundo, no han podido avanzar casi nada en esta lucha.

¿Y el Acuerdo Nacional?

Hace aproximadamente diez años, todas las fuerzas políticas, el Gobierno y representantes de la sociedad civil, confluyeron en el Acuerdo Nacional, y en ese foro se comprometieron con acertado criterio, enfrentar la corrupción a través del arma más efectiva: la transparencia.

Concepto que es definido como la obligación de los sujetos obligados de hacer de conocimiento público la información derivada de su actuación y de la disposición de recursos, que pone en sus manos el Estado. La transparencia y el derecho a la información pública, deberán regirse por los siguientes principios: máxima revelación, sencillez, gratuidad, ámbito limitado de excepciones, apertura de los órganos públicos y celeridad. Principios sin los cuales, carecería de eficacia.

Lamentablemente, nada de lo que se acordó, se cumplió. Siguen en el más absoluto secretismo, grandes espacios de la administración pública. No podemos saber por ejemplo, cuales son los gastos en que incurren los congresistas, con los fondos destinados a representación. No es posible acceder al número exacto de asesores que tiene el Presidente de la República y cuanto ganan (realmente). Muchos gastos de las Fuerzas Armadas, escapan al escrutinio ciudadano. ¿Cuál es el presupuesto asignado a la primera dama de la Nación? ¿Qué razones indujeron a la pareja presidencial para decidir nombrar a una ginecóloga, como nuestra Embajadora en Francia? ¿Cómo se conducen los procesos licitatorios del Estado?

El secretismo es el mejor aliado de la impunidad y la transparencia su peor enemigo. Es cuestión de escoger.

Pista de doble vía

Sin embargo, es bueno poner las cosas en su sitio. La corrupción es como una pista de doble vía. La concusión no sería posible sin que existiera colusión entre las empresas privadas que se prestan, y los organismos públicos. A cada funcionario corrupto (de cualquier poder del Estado) le corresponde un corruptor y viceversa. A menudo las "comisiones" son pagadas por extranjeros, pero también nacionales. Muchas veces las empresas extranjeras argumentan que el soborno es uno de los costos en que incurren, para hacer negocios en el país. Y esto es lamentable.

Esta es en síntesis la definición del problema, el diagnóstico y sus probables causas.

No nos vamos a quedar allí. Nuestra vocación propositiva, nos inspira a sugerir algunas líneas de acción para hacer frente al problema. Ninguna de las cuales será eficaz, si no se toma la decisión política de enfrentarlo.

Aquí no hay milagros

No creemos que estas sugerencias hagan el "milagro" de acabar con la corrupción. Pero, si estamos convencidos que lograremos detener su avance y gradualmente, ir revirtiendo la tendencia progresiva que tiene este delito. Ninguna de ellas es difícil de implementar, solo se requiere (como dijéramos antes de enunciarlas) voluntad política, es decir, cumplir lo que se ha prometido en campaña. Que los recursos que está generando el crecimiento económico no se lo lleven los corruptos ni los delincuentes. Hagámoslo por los pobres, a quienes todos dicen defender.

Termino parafraseando a Juan de Dios Paz, analista político, quién en su artículo "La ética, la transparencia y la anticorrupción: un gran reto para el próximo gobierno", contenido en la revista Nº 2 del 2006 de la Escuela de Gobernabilidad de la USMP: "La lucha contra la corrupción en el actual gobierno (se refería al de Alan García) fue un desencanto, a pesar del discurso del gobernante de turno y de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.

La razón fundamental de esa desilusión fue la falta de convicción y de decisión política de las altas autoridades del país, situación que aún está pendiente de resolver con valor, coraje y realismo". Párrafo que no hace sino confirmar las premisas que sugerimos antes de emprender los cursos de acción que hemos sugerido. Decisión, valor, coraje y realismo. No hay otra forma. 

propuestas

Basta de promesas y frases para la tribuna. Sobre esa base recomendamos lo siguiente:

1.       Hacer efectiva la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y dar un plazo perentorio de no más de un año, para que todas las dependencias públicas implementen su portal de transparencia. Cambiar el espíritu de la ley: la información debe estar disponible en internet y no entregada a solicitud. Modificar el Reglamento de dicha ley, en el sentido que quienes no entreguen información, no incurren en una falta administrativa, sino en un delito, y como tal, pasible de denuncia penal. Si el presidente de la República y el Congreso están comprometidos de verdad en esta lucha, deben ser conscientes que la transparencia es la mejor herramienta para combatirla.

2.       Que se incluya a las Comisiones de Fiscalización del Congreso de la República, como probables cómplices en los procesos de investigación de las gestiones de los gobiernos investigados, ya que ellos (en su momento) debieron ejercer esta responsabilidad constitucional con el Gobierno de turno. Esto evitaría, que las mayorías parlamentarias, hagan labor de "blindaje" del Gobierno en funciones, atentando contra el equilibrio de poderes, fundamento del Estado de Derecho.

3.       Que el Contralor General de la República, sea comprendido como cómplice en las investigaciones que hace el Congreso sobre gestiones gubernamentales anteriores; ya que si hubiera ejercido eficientemente su labor de control a la gestión del Gobierno investigado, habría detectado y denunciado, lo que posteriormente descubrió el nuevo Congreso.

4.       Dado que ningún funcionario de alto rango ha sido procesado y sentenciado por delitos de corrupción (ejemplo el caso Business Track), someter a investigación a los jueces y fiscales, que prolonguen los procesos, para promover la impunidad. Para ello la OCMA debe comprometerse en esta lucha, porque uno de los factores que alientan la corrupción, son los castigos infrecuentes y las faltas de sanciones. Aspectos que están en manos del sistema de administración de justicia.

5.       Como en Singapur, elevar la corrupción a la categoría de delito grave, como tal, endurecer las penas sin beneficios carcelarios. Cuanto más alto el cargo del funcionario público, más drástica la condena. Y si es miembro de los órganos de control (Congreso, Contraloría, Poder Judicial) este hecho debe considerarse como agravante. Los procesos deben ser sumarios.

6.       Incrementar en todos los centros de enseñanza (estatal y privado) el aprendizaje sobre valores éticos y morales. Para ello, el peor ejemplo es la impunidad. Es por esta razón, que dicha enseñanza, debe comprender casos emblemáticos de corrupción, como algo que jamás se debe repetir. Debiéndose incidir en lo siguiente: cuáles son los mecanismos de control y la responsabilidad que tienen en la lucha contra la corrupción, las razones por las que incumplen su función y las penas que les espera por incurrir en el delito de encubrimiento. Los niños, los jóvenes de este país, deben estar convencidos que los mayores, estamos librando una lucha frontal contra esta lacra.

¡Alto a la Inseguridad! - Cirugía Total No Hay otra Solución

Una de las premisas para el desarrollo de una sociedad democrática es la información  y el conocimiento que debe tener la población, de los problemas que la aquejan, para participar en forma efectiva en la solución de los mismos.

 

Lamentablemente, diversos "analistas" surgidos de la coyuntura mediática, vienen confundiendo a la ciudadanía, antes que orientarla respecto al problema de la inseguridad ciudadana. Intereses políticos  están inspirando foros, conferencias y artículos de toda índole, ofreciendo diagnósticos redundantes que todos conocemos (con el único afán de demostrar sapiencia)  sin aterrizar en soluciones concretas, para enfrentar  un problema que cada vez es más grave, a pesar que el Gobierno  se empeña en decir lo contrario.

 

No vamos a caer en la tentación de competir con estos "expertos" repitiendo cifras, ni ofreciendo soluciones mágicas o divagaciones sin aterrizar en el cómo.

 

Desde el principio

Comenzaremos  por decir que el delito contra la seguridad de los ciudadanos, en sus diversas modalidades, es tan antiguo como la humanidad. Y a pesar de los esfuerzos que han hecho  todos los Estados del mundo, no ha  podido ser  erradicado en ninguno. Tiene las mismas  características de la corrupción.

Siendo esta una verdad irrefutable, también lo es el hecho, que muchos países han logrado reducirlo al mínimo, mientras que en otros, como el Perú, el problema se ha ido agravando en forma acelerada. Dado que quien  tiene la responsabilidad exclusiva y excluyente de perseguir el delito (en todas sus modalidades) es el Estado, pues es el único  que tiene la atribución de hacer uso legítimo de la violencia, las Constituciones de todo el mundo han incluido un derecho y una obligación al respecto.

 

Han positivado el derecho a la paz y tranquilidad, que en nuestra Constitución es un derecho fundamental (Artículo 2º Inciso 22) y la obligación del Estado de proteger a la población de las amenazas contra  su seguridad (Artículo 44º).

Y son: ese derecho y esa obligación constitucional, los que debemos exigir con total  firmeza en la hora presente. Si  queremos preciarnos de vivir dentro de un Estado de Derecho, lo menos que podemos esperar, es que el Estado cumpla una de las funciones para las cuales fue creado.

 

Comenzaremos, como aconseja Descartes, por definir el problema y lo haremos através de su antípoda: la seguridad ciudadana. Patricia Gonzales ("Seguridad Ciudadana", FLACSO) la define como "la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional, por parte de otros". Pero, a continuación confirma lo que decíamos líneas arriba: "Esta es una situación ideal  que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo, pero que funciona como objetivo por alcanzar".

 

Siendo esta la situación ideal por alcanzar, la urgencia por conseguirla es tanto mayor, cuanto menos seguros nos  sentimos. Así de simple  funciona  esta ecuación.

 

Desidia e incompetencia

Habiéndose descuidado, por desidia  e incompetencia, este grave problema, estamos ante una enfermedad avanzada  que requiere una cirugía mayor y un cirujano diestro, que  transformado  en líder, sea capaz  de diseñar con habilidad estratégica  las políticas públicas necesarias y convocar el concurso de todos los actores que tienen protagonismo  en este montaje. Lamentablemente carecemos de ambos, situación que nos inspira con afán patriótico, a seguir el siguiente esquema metodológico:

 

Primero: Después de analizar objetivamente la situación, sin disimulos, triunfalismos, ni "llorar sobre la leche derramada", formular una Directiva de Gobierno de largo plazo para enfrentar  la inseguridad ciudadana. La misma que debe  contener (para  fines internos) la identificación de las fallas que tuvo el Estado.

 

Segundo: Esta directiva debe comprender medidas preventivas y represivas, definiendo cuales se tomarán en ambas fases y quienes participarán en ellas. Como necesariamente deberá invocarse el concurso de varios dominios, poderes y sectores, el marco legal deberá otorgarle facultades al jefe de Estado, para ser el gran coordinador de todos estos esfuerzos.

 

Tercero: Fijarse metas específicas  en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, transformándolas en políticas de Estado. Para  lo cual, si fuera  posible, conseguir el concurso de todas las fuerzas políticas. La condición más importante para su cumplimiento, es que la población tenga pleno conocimiento de ellas y los plazos señalados. Como decíamos al inicio, una de las primeras condiciones del desarrollo es la información que debe recibir la  población, para participar en forma efectiva en la solución de sus problemas. Sin liderazgo, nada de esto será posible.

 

Como resulta obvio, este no es un problema policial como muchos "expertos" de esta institución sugieren. Probablemente sea la Policía Nacional uno de los actores, pero para que sean reconocidos en el reparto de esta obra, deben ser sometidos a  una profunda reforma. Deben dejar de ser una institución militarizada, burocrática, con evidentes signos de corrupción y alejada de la población, porque esta en determinados casos dejó de tenerles confianza.

 

Siendo esto así, veamos quienes sugerimos participar en las fases preventiva y represiva, y qué se tendría que esperar de ambos esfuerzos.

 

Fase Preventiva: Deben intervenir el sector educación, el de inclusión social, el de trabajo; los mismos que deben educar, luchar contra la exclusión social y generar empleo. Particularmente  para jóvenes entre 15 – 30 años. Asimismo, debe  intervenir la Iglesia (cualquiera sea la confesión) e incidir en valores, temores y criterios de conciencia. El IPD deberá  fomentar la práctica del deporte en coordinación con  las Municipalidades, para construir infraestructura deportiva en forma masiva. Así mismo,  a través de los comedores populares, deberá aperturarse "Escuelas de Padres", para difundir la responsabilidad de los cónyuges en la crianza y orientación de los hijos. En esta misma fase, incluir a la Guardia Civil (como era antes), como un guardián orientador de la sociedad.

 

Desterrar la violencia

Que la televisión y en general todos los medios de comunicación (sin vulnerar la libertad de expresión) sean motivados a desterrar la  violencia y la velada apología del delito en sus contenidos.

"Sembrar" de clubes culturales, artísticos y deportivos la ciudad. Esta es una tarea relativamente fácil que deben ejecutar  las municipalidades. Concursos y competencias por doquier, desde el nivel calle, barrio, distrito.

 

Si el problema de inseguridad tiene muchos años y comenzó en la colonia, no es de esperarse que la solución se consiga en el corto plazo. Invito a los "expertos" a no  traficar con las expectativas de la población, por intereses políticos.

 

Fase Represiva: Se ha creído que este es un problema de leyes y de la Policía. Nada más equivocado. Esta receta (está demostrado hasta el cansancio) no ha funcionado. Seguir insistiendo  en lo mismo demuestra orfandad de ideas, o no tener la decisión de enfrentar el problema.

 

En esta fase necesariamente intervienen los siguientes sectores, organizaciones e instituciones: el Poder Ejecutivo, que es el que constitucionalmente debe hacer cumplir las leyes; el Poder Judicial que es el sancionador, la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, los Serenazgos de las Municipalidades. El Poder Legislativo y eventualmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

 

Resumen: Casi todos los elementos de estas dos fases, han venido interviniendo en el problema en forma desordenada y descoordinada, a falta de una sola Directiva que los aglutinen y de un líder que los conduzca. Estas dos carencias deben terminar.

 

Propuestas:

 

Es necesario hacer un documento que involucre ambas fases. Señalando responsabilidades y metas temporales para cada una, pero con la convicción que sus frutos se verán en el largo plazo, sin que esto quiera decir que no podamos concretizar logros en lo inmediato. Para lo cual propongo:

 

1.     Con carácter de urgente, desburocratizar,  desmilitarizar y limpiar la Policía Nacional, poniéndola bajo la dirección  de un especialista que conozca el problema de seguridad ciudadana. Esta reorganización total debe darle atribuciones a los Alcaldes, de participar en la evaluación de los Comisarios. En un primer momento, pasar la Policía de Tránsito  y de Turismo a las Municipalidades. Crear nuevamente la Guardia Civil, la que intervendrá en la Fase Preventiva, ganándose la confianza de la población y su respeto. Modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional, dándole facultades legales el Director General para separar y enjuiciar a los malos elementos.

2.     Con carácter de urgente, hacer que el Poder Legislativo emita las leyes correspondientes para evitar que determinados malos elementos de la Policía, vuelvan a reingresar con la complicidad de algunos jueces y fiscales. Duplicar las penas, sin beneficios carcelarios, para los policías que delinquen. Elevar las penas para los delincuentes reincidentes sin otorgarles beneficios de ningún tipo.

3.     Con carácter de urgencia, privatizar los establecimientos penales de máxima seguridad, para evitar  que como viene ocurriendo por incapacidad y corrupción, se planeen delitos desde las cárceles. Y con ese mismo carácter, construir por lo menos diez cárceles más en el país, en lugares alejados, donde puedan ser mejor controlados. Habilitar el penal de Challapalca, sin hacer el menor caso a los organismos de derechos  humanos, que solo buscan boicotear al Estado.

4.     Exigir que el CNM designe jueces probos, competentes y libres de corrupción, y a la OCMA, sancionar ejemplarmente en el más breve plazo, toda inconducta funcional, bajo responsabilidad.

5.     Organizar las Rondas o  Juntas Vecinales, dándole esta responsabilidad a los Comisarios, de cuya eficacia, dependerán  sus  ascensos. Para ello, dar una  ley especial, logística e incentivos.

6.     Incentivar la colaboración eficaz y las recompensas,  para propiciar la delación entre los delincuentes. Reducir las penas para los "soplones".

7.     Crear una Dirección Nacional de Juntas Vecinales, al mando de un Coronel de la PNP, el más calificado. El mismo que emitirá una Directiva Nacional de Participación Ciudadana, la que orientará y monitoreará    el trabajo de los Comisarios en este esfuerzo.

Señor Presidente: Nada de lo que aquí se ha expresado está fuera de su alcance. Solo proponemos reorganizar los actores, dándoles Unidad de Comando. Hoy están descoordinados y descontrolados. Tome la decisión histórica de dejarle al país una Policía Nacional librada de todos los males que hoy la corroen y la hacen ineficiente y corrupta. Todo lo que usted haga, sin tomar medidas de alta cirugía, será ineficaz. Hasta hoy está repitiendo las fórmulas  que no han funcionado. Si de veras quiere usted ponerle un alto a la inseguridad, decídase a ser el líder de la Nación en esta lucha. Rodéese de gente hábil. El país se lo reconocerá.

 

 

“Capitalismo Popular” - Creación Heroica de las Mypes

Dice el analista venezolano Pedro Elías Hernández: "La experiencia latinoamericana ha sido trágica a la luz de su desempeño económico. Durante años se aplicaron en la región modelos populistas de corte socialista que no resolvieron los problemas fundamentales, los cuales fueron sustituidos por las recetas neoliberales del consenso de Washington. El estatismo y el neoliberalismo, fueron las dos caras de una misma moneda". ("¿Qué es el Capitalismo Popular?". Octubre 2011).

 

El estatismo surgió cuando los Estados adoptaron como finalidad alcanzar el bien común  y se convirtieron en los hacedores de la felicidad de los hombres. Tarea dirigista que Kant calificó como despotismo.  Para asumir esa finalidad, el Estado tenía que cumplir un rol interventor, constituyéndose en actor en el campo económico. No como árbitro.

 

Este modelo fracasó, como dice Hernández, y como tenemos la vocación de vivir a bandazos, ensayamos el modelo neoliberal, privatizándolo todo y dejando al mercado, el rol de repartir la riqueza generada. Rol que no les es compatible por su misma naturaleza egoísta. Y, en vez de solucionar los males del estatismo, los trasladamos al mercado. Los problemas fundamentales no se resolvieron.

 

Creando un mundo propio

Hace más de 30 años, en el Perú se inició un proceso de migración del campo a la ciudad. Los trabajadores del campo que emigraron a las ciudades para buscar empleo, se encontraron con que los trabajadores de la ciudad tampoco tenián empleo. Por ello en su afán de satisfacer sus necesidades  y las de sus familias, dieron un salto cualitativo y creativo generando su propio empleo mediante la creación de micro y pequeñas empresas. Sin embargo, lo hicieron al margen de la legalidad, para crear un mundo propio de generación de empleo y capital. Gracias a este mundo informal, se evitó el "desborde popular" que describió magistralmente Matos Mar. No se produjo la eclosión social que él pronosticaba debido a la crisis y recesión que se vivia en el país.

 

Han pasado más de 30 años y hoy el país tiene una economía dual: una formal y otra informal. Característica de un país sub-desarrollado, como señala lúcidamente  Raymond Barre ("El desarrollo económico". Trigésima edición. 1989). En la primera se encuentra solo el 2% del total de empresas existentes en el país, y son las grandes y medianas empresas. En la segunda están comprendidas el 60% de las Mypes,  sector que aglutina el 98% del total de entes productivos.

Las Mypes (antes Pymes)  emplean el 75% de la PEA y contribuyen con el 45% del PBI. A pesar de esta evidente importancia, es el sector al que el Estado ha prestado la menor atención. Y a su cuenta y riesgo, siguen desarrollándose, al punto que muchas de ellas tienen presencia en el exterior.

 

Fui dirigente nacional de este sector hace varios años y he seguido de cerca su creativo y sacrificado  destino. Conozco la génesis de estos "empresarios emprendedores" (como llamaba Schumpeter a quienes logran hacer empresa a pesar de las adversidades); he vivido de cerca sus penurias, pero también he disfrutado de sus éxitos. Razones por las cuales la CONACO me ha honrado recientemente con el encargo de presidir el Consejo Consultivo de ese gremio empresarial.

 

Ciudadanos madrugadores

Un eco lejano de la realidad del país, inspiró al presidente Humala a decir que el crecimiento económico lo sostienen aquellos ciudadanos madrugadores que luchan día a día por sobrevivir. Probablemente se refería a aquellos que tienen su Mype. Y si esta era la reflexión, está en lo cierto. Aunque en este sector (a su pesar) hay millones de "panzones".

Pero como suele suceder se quedó en el diagnóstico. Le faltó decir qué hará su Gobierno para incentivarlos, cumpliendo el mandato de la Constitución (artículo 59°): "el Estado… promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades". Mandato que han incumplido todos los gobiernos.

 

El hecho que nacieran por generación espontánea y que se hayan desarrollado gracias a su propia iniciativa y creatividad, ha originado la indiferencia del Estado. Cuando ha debido ser exactamente al revés.

 

La única preocupación del Estado, ha sido la reiterativa intención de formalizarlas (el 60% son informales), y para que ello suceda no se ha concebido ninguna iniciativa ingeniosa.

 

El Capital Sin Misterio

El ilustre Dr. Hernando de Soto ("El Misterio del Capital") sostiene que: "Lo que da a las personas oportunidad de escapar de la pobreza y crear riqueza es la integración de su contrato social a las leyes del país", proceso que se cumple inexorablemente – según él – si los pobres ponen en valor su propiedad legalizándola. Es decir, obteniendo su título. Esto les permitiría producir abundante capital, obteniendo créditos a través de garantías sobre la propiedad legalizada.

 

Esto es parcialmente cierto. Si Pedro Quispe le da al banco como garantía el único bien que posee (con título): dos hectáreas de terreno en Andahuaylas; se expone a perderlo. Porque en chacra le pagan S/. 0.17 céntimos por kilogramo de papas. Sin tecnología, producirá aproximadamente 6,000 Kg por S/. 0.17 dan S/. 1,020.00 al año (Son cultivos de secano).

 

De pobre a desposeído

¿Cómo hará para pagarle al banco?  Actualmente recibe lo mismo, pero no tiene que pagarle a nadie ni está su chacra en garantía ante ningún ente financiero. Lo más probable es que de pobre pase a ser desposeído. No es suficiente entonces poner en valor la propiedad.

 

Siendo esto así, ¿Qué interés tendrían estos pequeños y microempresarios en integrar su contrato social con las leyes del país?; en lenguaje más claro: ¿Cuál sería el interés por formalizarse?  La respuesta la ha dado la realidad. Después de cuarenta años de existencia (surgieron en la década del 70), la informalidad alcanza al 60% de las Mypes.

 

Cuatro Patas de la Mesa

Hace varios años vengo sosteniendo la hipótesis de las "cuatro patas de la mesa". Cada una de las cuales representa un esfuerzo que debe hacer el Estado asumieno su rol promotor, para formalizarlas no con la finalidad exclusiva de cobrarles impuestos y ampliar la base tributaria, sino con el propósito de potenciarlas y modernizarlas para que generen más empleos, divisas y descentralización.

Estas "cuatro patas" que debe asumir el Estado promotor son: Capacitación gerencial, innovación tecnológica, apoyo finaciero y búsqueda de mercados (en el Perú y el mundo globalizado).

Dicho acceso al crédito con tasas promocionales (como se hace con el agro) y de ser posible, crear el Banco de las Mypes (hay un ejemplo exitoso en la India) y facilidades burocráticas para su formalización. Solo así el capital no tendría misterios.

Estas "patas" las he desarrollado en profundidad en diversos artículos. Ellas son producto de mi experiencia y una minuciosa coordinación y trabajo conjunto con los gremios que las agrupan.

 

Hay CADE para la gran y mediana empresa. Hay también un CADE MYPE, al cual se le debe dar la cobertura y difusión apropiada ya que este evento agrupa a este sector que ocupa el 75% de la PEA. Existen la CONFIEP y la SNI, gremios que tienen influencia directa en el Jefe de Estado para alcanzar sus fines. Y esto no es malo. Lo malo es que las Mypes no alcancen la misma equidad ni tengan la misma oportunidad.

 

En suma (salvo el infeliz adjetivo de "panzones") el presidente Humala oyó cantar a lo lejos el gallo. Hace falta que cumpla una de sus promesas en campaña: potenciar y modernizar el desarrollo de las Mypes, cumpliendo el mandato de la Constitución con un Estado promotor.

En el mismo sentido (y a su nivel) deben comprometerse los gobiernos regionales, los que de acuerdo a la ley que los creó, tienen la obligación de potenciar y modernizar este sector.

 

Capitalismo Popular

El capitalismo popular es una creación heroica de las MYPEs.

Se concibió en la década del 80 como la participación de los trabajadores en los beneficios del capital que generaban las empresas. Hoy ese vocablo señala lo opuesto al capitalismo de Estado y al liberalismo. Con un Estado promotor las MYPEs son una alternativa real y coherente para la generación de empleo, riqueza, divisas y descentralización; para lograr que el Perú se convierta en un país grande, desarrollado y poderoso.

 

Son las Mypes las que crean capital y generan empleo. Siendo estos sus dones resulta absurdo dejarlas a su suerte. Los gobiernos de los últimos cincuenta años, incluido el actual, han actuado en forma confusa. Han dialogado (casi exclusivamente) con la gran y mediana empresa, lo cual es bueno. Es imperativo que el Estado asuma su rol promotor para potenciar y modernizar a la MYPEs para que el crecimiento económico sea sostenible.

Revocatoria Derecho Fundamental: Respetarlo es una Obligación

Los derechos fundamentales contenidos en la Constitución son aquellos imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social o para el desarrollo de la civilización. Le costó mucho a la humanidad lograr positivarlos, razón por la cual es nuestro deber protegerlos antes que pretender atentar contra ellos.

Uno de esos derechos fundamentales es la revocatoria. En efecto, el capítulo I, Artículo 2º, inciso 17 dice textualmente: "Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocatoria de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum."

Y la ley a que se refiere este derecho fundamental ya se dio. Es la Ley Nº 26300 de mayo de 1994, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que precisa los mecanismos para invocar la revocatoria.

Pretender desconocer este derecho, es atentar gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho. Decía Karl Popper ("La sociedad abierta y sus enemigos") que lo que diferencia a la democracia de la tiranía es su perfectibilidad, así como su constante adaptación a las aspiraciones de los gobernados, los que deben tener derecho a sustituir a los gobernantes sin tener que acudir a la revolución o al derramamiento de sangre.

Miles de procesos

La actual Carta Magna data de 1993, y en su construcción participaron muchos de los que hoy se oponen al ejercicio del derecho a la revocatoria. Sin embargo no se opusieron a ella, cuando se revocaron miles de autoridades locales distritales y provinciales, en el interior del país. No esgrimieron ninguno de sus absurdos argumentos para oponerse a estos miles de procesos.

Elegir y revocar son las dos caras de una misma moneda: la democracia. Mediante la elección, el pueblo decide concederle parte de su poder al gobernante y a partir de ese instante se convierte en su único legitimador. No existen, ni tienen porque existir, cheques en blanco ni plazos inexorables. En esto pensaron quienes construyeron la Constitución.

La autoridad no se elige a sí misma, el pueblo es la que la convierte en su mandataria. Y es a través de la democracia participativa (promovida por la Constitución) que participa en la administración del poder que le concedió. Es este el mecanismo mediante el cual exige eficiencia y cumplimiento de los compromisos que se asumió durante la campaña. Es obvio que si el pueblo se da cuenta que cometió un error, tiene la absoluta facultad de rectificarse.

Cónclave anti revocatorio

¿Es desinteresado el apoyo de Perú Posible, conociendo a Alejandro Toledo? ¿Cómo han podido confluir Santos, Saavedra, Andrade, Acuña, Flores Nano en este cónclave anti revocatorio? ¿Qué extraña gestión hizo la alcaldesa Susana Villarán, para que los pobres de la ciudad (sectores D y E, que son la mayoría) hayan decidido revocarla?

Lo que subyace en todo este afán anti revocador, es el espanto que ha causado en todos los locales partidarios (que son muy pocos) y las cúpulas partidarias, el despertar de la población; y ese conglomerado de ciudadanos, a los que se les prometió de todo durante la campaña y aceptaron resignadamente después que ninguna de esas promesas se cumpla. Ese es el escenario en el que ha venido navegando feliz la clase política que ha detentado el poder durante muchos años.

Soberanía popular

Sin embargo, el peso de la soberanía popular, aquella que legitima el poder, parece hacer inexorable el cambio de escenario. Están advertidos, tendrán que ser (como nunca lo fueron) eficientes en la gestión y se verán obligados a cumplir lo que prometan. La resignación, a partir del 17 de Marzo, solo será un mal recuerdo del pasado, sea que gane el SÍ o el NO.

No resulta extraño que determinados empresarios sean aliados de radicales como Saavedra y Santos en el NO. El dinero no tiene ideologías. Da lo mismo recibir ganancias en el bolsillo izquierdo o el derecho. Ellos saben que la ciudad no va a parar. Porque los contratos que se suscriban serán de ejecución legal.

Derechos fundamentales

Creo en la democracia y admiro a Popper por concebirla perfectible. Creo en el Estado de Derecho, por eso defiendo con firmeza el ejercicio de los derechos fundamentales, a los que no debemos renunciar jamás. Creo en la soberanía popular, porque soy un convencido que al pueblo no tan solo le corresponde la titularidad del poder constituyente del Estado, sino también el ejercicio del poder constituido.

Y con todos sus defectos (por ser obra humana) prefiero la rectificación a la resignación. Una nueva ciudadanía emergerá de las urnas el 17 de Marzo. Es insensato oponerse a este parto inexorable. Están advertidas las cúpulas partidarias. Harían bien en escuchar los ecos de la calle a los que no prestaron oídos hace mucho tiempo.